La Fiscalía salvadoreña pidió miles de años de cárcel para los imputados.
El Salvador concluyó el primer juicio masivo contra los principales líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13), una de las organizaciones criminales más violentas de la región. Tras tres meses de audiencias, la Fiscalía General solicitó penas de miles de años de prisión para los acusados por delitos como homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas y desaparición de personas.
Según pudo saber Notas de Actualidad, el proceso comenzó el 20 de abril y reunió a 485 imputados, entre ellos los 22 integrantes de la denominada «ranfla histórica», la máxima cúpula de la pandilla. Muchos de los acusados siguieron las audiencias de manera virtual desde distintos centros penitenciarios, incluido el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
De qué se acusa a la Mara Salvatrucha
Según la Fiscalía, los procesados fueron acusados de 14.420 delitos cometidos entre 2012 y 2022. Entre los cargos figuran homicidio, feminicidio, extorsión agravada, tráfico de armas, tráfico de drogas, desaparición de personas, rebelión y otros delitos relacionados con el crimen organizado.
La acusación sostiene que la estructura criminal coordinaba asesinatos desde las cárceles mediante un mecanismo conocido como «apertura de válvulas», por el cual los líderes ordenaban ejecutar homicidios desde prisión. Además, la investigación identificó 230 células de la organización distribuidas en todo el país.
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Antes de emitir el fallo, el Tribunal Contra el Crimen Organizado deberá analizar un expediente compuesto por 650 audios y 22.000 folios, que incluyen informes policiales, autopsias, fotografías y otras pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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La Fiscalía pidió penas de miles de años de prisión
Durante el juicio, la Fiscalía solicitó que se aplique la pena máxima a cada acusado por cada uno de los delitos imputados. También reclamó el pago de 9 millones de dólares en concepto de responsabilidad civil por extorsión agravada.
Semanas atrás, el fiscal especializado en Crimen Organizado, Max Muñoz, sostuvo que las condenas podrían alcanzar miles de años de prisión y aseguró que los acusados «no saldrán del sistema penitenciario».
El juicio se da en medio de la política de seguridad de Nayib Bukele
El proceso judicial se desarrolla en el contexto de la ofensiva contra las pandillas impulsada por el presidente Nayib Bukele, quien mantiene vigente un régimen de excepción desde marzo de 2022 tras una ola de homicidios atribuida a las maras.
De acuerdo con cifras oficiales, esa política permitió detener a más de 92.000 personas sospechadas de integrar organizaciones criminales.
Sin embargo, organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales cuestionan la falta de independencia judicial en El Salvador y denuncian presuntas detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos durante la implementación del régimen de excepción.
Fuentes Agencias Internacionales
